Diversas instituciones y personas manifiestan su preocupación y demandan al Estado garantizar los derechos de las comunidades campesinas, afroecuatorianas e indígenas que habitan la zona de frontera:

«Condenamos el asesinato de los tres periodistas del diario El Comercio: Javier Ortega, Paul Rivas, Efraín Segarra, es un hecho grave sin precedentes en el Ecuador contemporáneo, así como el atentado contra la vida de cuatro militares y el secuestro de una pareja de ecuatorianos, hechos que sacuden a la conciencia y los sentimientos de todo el país. Se deben recuperar los cuerpos de las víctimas y castigar a los responsables. (…)

«Las acciones deben avanzar hacia la garantía de los derechos de las personas que habitan en la zona de frontera, robusteciendo la institucionalidad estatal, con acceso a servicios básicos, a educación, salud, justicia social, trabajo, soberanía alimentaria, vialidad, seguridad, y garantizando una vida digna, plena y libre de violencias»