El pasado 13 de noviembre, delegados de organizaciones de la sociedad civil de Guatemala visitaron a miembros de la ENI (Estrategia Nacional de Involucramiento) en Ecuador. Este encuentro tuvo lugar en las oficinas del Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP) en Quito, con delegados de la Comisión por la Vida y la Defensa de la Naturaleza, IDEA-CONGCOOP, Bufete de Pueblos Indígenas, Red de Comunidades Afectadas por la Palma Aceitera. Este acercamiento se produce en el escenario del 174 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizada en Quito, donde la delegación también presentó posturas frente a derechos humanos de defensores y defensoras sociales y el derecho humano al agua en Guatemala.

En el encuentro, la ENI Ecuador compartió temas como: el Fondo de Tierras, así como la Justicia Indígena en el marco de un Estado Plurinacional. Estos puntos son clave dentro de las demandas de las organizaciones sociales de Guatemala lo cual nos motiva a continuar con estos espacios de intercambio y aprendizaje.

Juan Castro, del Bufete para Pueblos Indígenas, manifestó que dos fueron los puntos fundamentales que presentó la delegación guatemalteca en la audiencia de la CIDH el pasado 12 de noviembre: el desplazamiento forzado de pobladores de la comunidad de Laguna Larga, a propósito de la declaratoria de área protegida; y el derecho de acceso al agua en cantidad y calidad suficiente, frente a la contaminación por agrotóxicos y acaparamiento en Guatemala. En este espacio se presentaron otros temas como la represión por parte del Estado guatemalteco de la protesta social a través del derecho penal y el abuso de la prisión preventiva.

Respecto del desplazamiento forzado de la comunidad Laguna Larga (Municipio de San Andrés, Departamento de Petén) y al cumplirse más de dos años de lo ocurrido, Juan Castro manifestó que “son cerca de 400 personas en un área protegida declarada por el Estado que han sido desplazadas. Esto ha generado una crisis humanitaria porque la gente no tiene alimentación, no tiene dónde sembrar alimentos, ni agua, no tiene servicios de salud. Viven en condiciones infrahumanas. La Comisión (Interamericana) nos ha otorgado medidas cautelares para atender a esta comunidad, pero el Estado ha incumplido.”

El desalojo tuvo lugar el 2 de junio de 2017 y la población continúa viviendo en condiciones precarias. Hasta el momento son siete las personas fallecidas. Según Juan Castro, la petición que hacen los afectados es que se les permita reubicarse. “Alegamos que hay una doble moral por parte del Estado guatemalteco en este caso, no permite la presencia de seres humanos pero sí permite la explotación minera y petrolera”.

Otro punto en su agenda de discusión es el agua. El acaparamiento de agua en Guatemala está ocasionando una grave crisis alimentaria. Existe acaparamiento de agua para producción de monocultivos, especialmente de palma aceitera, azúcar y banano, afirma Juan Castro. “Hay latifundios que están acaparando agua, dejando algunos ríos sin agua suficiente para comunidades asentadas aguas abajo. Tenemos el problema del acaparamiento y de la contaminación con agrotóxicos en los cultivos, lo que está generando una crisis alimentaria porque no hay acceso a agua suficiente (usada en monocultivos) y lo poco que hay disponible tiene contaminación por agrotóxicos”.

La persecución de los líderes comunitarios fue otro tema presentado en la audiencia de la CIDH. Frente a los cambios en los causes de los ríos, por ejemplo, el Estado reprime protestas utilizando el Derecho Penal. Así mencionó Juan Castro: “Las personas se oponen a estos proyectos, son identificados y luego perseguidos penalmente”. Uno de esos casos es el de Bernardo Caal, dirigente comunitario maya q’eqchi’, acusado de instigación a delinquir, por luchar contra la destrucción del río Cahabón. Bernardo ha sido condenado a 6 años de prisión por oponerse a una hidroeléctrica de capital español a construirse con las aguas del Cahabón.

*Estrategias Nacionales de Involucramiento (ENI). En Ecuador, la ENI está conformada por SIPAE, FEPP, ECOLEX, IEE y Luna Creciente, mientras en Guatemala está constituida por CONGCOOP, CODECA, CCDA, UVOC, Nuevo Día.